Enero, 2023.
Lcdo. Francisco V. Aquino Serrano,
Asesor Economía Circular, CAMBIO
Aunque el término “economía circular” está de moda, no todos nos referimos a lo mismo cuando lo usamos. Definirlo requiere mantener en perspectiva que su eje es la sostenibilidad. Seguramente un padre o una madre entienda de forma intuitiva la importancia de lo que es “sostenible”, siendo esto el compromiso con las generaciones futuras de que la satisfacción de nuestras necesidades no impedirá que aquellas puedan llenar las suyas. Debido a que nuestros estilos de gobierno actualmente responden a esquemas insostenibles, hablar de sostenibilidad, y como consecuencia de economía circular, es también reconocer que necesitamos nuevas formas de cooperación y de gobernanza.
Para entender cómo se ve esto en la práctica, solo debemos observar acciones recientes en múltiples países donde se están creando espacios de colaboración entre la ciudadanía, las empresas y el gobierno. Estos han resultado en exigencias para diseños de productos innovadores que maximicen el uso de recursos, la recuperación de materiales para nutrir la fabricación local de bienes nuevos y la imposición de responsabilidad a los manufactureros para que asegurar que lo vendido no terminará en vertederos, entre otras medidas. El auge de la economía circular no es trivial, sino que se debe a que facilita la distribución más equitativa del desarrollo económico, estimula la innovación tecnológica, resiste los impactos externos, crea empleos y provee ventajas estratégicas en la economía global.
Para Puerto Rico, participar en las actividades que promueven la economía circular facilitaría simultáneamente el desarrollo de una economía estable y el manejo de los residuos que generamos. Sin embargo, hoy no contamos con algunos fundamentos básicos para la planificación efectiva en esta área. Por ejemplo, el gobierno no tiene datos actualizados sobre los residuos que se generan ni investigaciones sobre las capacidades locales para el desarrollo de nuevas tecnologías y negocios. Es precisamente por esa razón que en el 2019 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) le asignó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) $40 millones. Con esto, dicha agencia federal ha posibilitado nuevos estudios de caracterización de los residuos y el desarrollo de un plan integral para su manejo, dejando un excedente de $27 millones para uso discrecional.
Estos no son los únicos fondos disponibles a las agencias locales para que le den forma a la economía circular. El gobierno federal ha solicitado propuestas para destinar decenas de millones hacia este tipo de iniciativas. Usarlos inteligentemente nos permitiría crear una economía fuerte con carreteras más baratas y duraderas al añadir neumáticos pulverizados en el asfalto, con composteras alrededor de la isla para crear insumos agrícolas, con la manufactura de sustitutos compostables para los plásticos de un solo uso, con el ofrecimiento local de servicios para la extracción de materiales críticos de las baterías de iones de litio para el desarrollo de sistemas fotovoltaicos y con el reciclaje de paneles solares, por mencionar algunas.
Para lograr este tipo de proyectos, varias organizaciones han propuesto la creación de nuevos espacios de colaboración entre la ciudadanía, el DRNA y entidades con pericia en materia de economía circular. Estos le brindarían a la agencia acceso a conocimientos diversos que le facilitaría el establecimiento de prioridades, estudios de caso y políticas prácticas que sentarían las bases de cómo se debe ver una economía circular para Puerto Rico. El que no se creen estos espacios augura la falta de transparencia y el uso inefectivo de fondos públicos que ha caracterizado a muchas agencias en el pasado. Nos toca forjar hoy una mayor cohesión entre diversos sectores para exigir nuevos estilos de gobernanza que permitan enfrentar, de manera sostenible y responsable, los retos complejos de nuestra sociedad.